Tras una extensa y polémica sesión de la Cámara Baja, misma que concluyó en horas de la madrugada del jueves, esta instancia legislativa aprobó por mayoría simple el proyecto de Ley “de Reparación Integral a las Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos cometidas en rupturas del orden constitucional”, norma que retoma criterios erróneos respecto a los hechos de 2019.
Desde la oposición se cuestionó que mediante esta norma se trate de volver a posicionar el discurso del supuesto “golpe de Estado” para referirse a todos los hechos posteriores a las elecciones anuladas por fraude electoral en 2019, además de alertar que este proyecto solo busca beneficiar al expresidente Evo Morales, al dejarlo como una “víctima” y no como autor principal de las irregularidades en el proceso electoral de ese año.
Durante su intervención ante el pleno de la Cámara Baja, la diputada María René Álvarez aclaró que en noviembre de 2019 hubo una sucesión constitucional, luego del vacío de poder que dejó Morales junto a toda la cadena de prelación hasta recaer la responsabilidad en la entonces senadora Jeanine Añez. Por tanto, al haber una sucesión no se puede hablar de ruptura constitucional, explicó.
“Se están inventando esta ley y obviamente lo hacen para terminar su nefasta gestión con otro ataque, para encubrir el fraude electoral del año 2019, perpetrado por su jefe Evo Morales. ¿De qué ruptura se puede hablar si lo que se dio tras el fraude fue la renuncia voluntaria y huida posterior de Morales y toda su cúpula?”, recordó la diputada.
Álvarez agregó que el MAS solo busca justicia para un sector de la población y no para todas las víctimas de esa etapa del país, recordando además que los primeros muertos durante esa crisis política se dieron en pleno mandato de Morales, con el asesinato de dos cívicos en Montero con disparos de francotiradores.
Por su parte, la diputada Luisa Nayar reiteró que el MAS incurrió en un fraude electoral, que derivó en las movilizaciones ciudadanas que terminaron con el mandato de casi 14 años de Morales. Recordó que la ruptura democrática en Bolivia se dio con el desconocimiento del referendo del 21 de febrero de 2016, que dijo no a una repostulación del entonces presidente socialista.
El oficialismo, pese a sus pugnas internas con grupos “arcistas”, “evistas” y “androniquistas”, definió votar en bloque para la aprobación del proyecto en cuestión, cuya proyectista fue la diputada Betty Yañiquez en coordinación con las denominadas víctimas de Senkata y Sacaba.
La sesión se caracterizó por las acusaciones, ataques e insultos entre oficialistas y opositores, que luego de seis años continúan con posturas irreconciliables sobre los hechos de 2019 y 2020.
La ley establece medidas de reparación como restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, aplicables en dimensiones individuales y colectivas. Estas acciones serán implementadas según la gravedad del daño sufrido y su impacto en los derechos y garantías constitucionales de las víctimas, incluyendo aspectos materiales, inmateriales, morales y del proyecto de vida.
La ley será aplicable a los hechos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 7 de noviembre de 2019. Asimismo, contempla su aplicación a futuros hechos de naturaleza similar que puedan constituir violaciones a los derechos humanos, a fin de prevenir la impunidad y garantizar justicia.
El proyecto de ley aprobado, pasó a tratamiento en la Cámara de Senadores.