En una mirada de retrospectiva hacia las pasadas elecciones subnacionales, los analistas, Manuel Mercado y Ricardo Paz Ballivián, coinciden en la importancia de una reforma de la normativa electoral y de organizaciones políticas, ante diversos fenómenos y problemáticas evidenciadas como la comercialización de siglas, la desinformación no regulada en redes sociales y la abusiva injerencia del poder Judicial en la institución del voto ciudadano. Los expertos advierten que una reforma electoral es imperiosa para poder mejorar la calidad de la democracia en el país.
Ambos analistas compartieron similares apreciaciones durante sus intervenciones en el podcast Diálogo de Radio Panamericana, coincidiendo en la importancia de una reforma electoral que permita otorgar la jerarquía e independencia institucional que el Órgano Electoral requiere, para evitar la injerencia del sistema judicial en su respectivo campo de acción.
En su análisis, los expertos desmenuzaron las principales problemáticas que quedaron en evidencia durante el último proceso electoral: desinformación, falta de acceso a información pública de interés, guerra sucia, financiamiento no declarado para campañas, comercialización de siglas, falta de estructura en organizaciones políticas e inhabilitaciones a último momento fueron algunos de los fenómenos identificados con claridad.
Mercado condenó que el fenómeno de la injerencia de poderes ocurra para inmiscuirse en la institución de la voluntad popular, pero no así en ámbitos como las Fuerzas Armadas o la Iglesia. En tal sentido, destacó la importancia de formalizar las candidaturas y el sistema de inscripción y participación de alianzas políticas, en el marco de una jerarquización del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
“Es preciso formalizar las candidaturas y organizaciones políticas. Hay que jerarquizar al (poder) Electoral. No puede ser que el Judicial intervenga de la manera más descarada en una institución como es el voto ciudadano. (…) El Judicial es muy cuidadoso y no quiere intervenir, por ejemplo, dentro de la jurisdicción militar –que tiene sus propias normas– ni quiere entrar en la jurisdicción eclesiástica –que tiene sus propias normas–, pero con el voto ciudadano hace lo que le da la gana”, reflexionó Mercado.
En la misma línea, el otro analista comentó que es una “necesidad imperiosa” reformar no solo la normativa electoral, sino el reglamento de las organizaciones políticas, además de distribuir funciones contenciosas a una instancia diferente que al de las logísticas y administrativas, para así evitar mayor injerencia entre poderes.
Paz mencionó que, tras estos comicios subnacionales, algunos de los planteamientos fundamentales son determinar alguno de los procesos electorales a medio término –es decir, en medio del mandato establecido de las autoridades– para evitar una sobrecarga de elecciones al final de los periodos de gobierno, como precisamente ocurrió en el país en los últimos meses.
“Otro tema fundamental es separar en el Órgano Electoral lo contencioso de lo administrativo. En una administración correcta, un Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ocupa de todo lo contencioso, mientras que otra instancia se ocupa de lo administrativo y la logística. Así evitas el principal problema: la injerencia abusiva e impertinente del Órgano Judicial en el Electoral”, señaló Paz el sábado en la reconocida emisora.
En su lectura, el problema dejará de existir cuando se tenga un TSE que se ocupe específicamente de lo contencioso y que haga respetar su atribución y prerrogativa de máxima y última autoridad en materia electoral. Afirmó que, aunque existen muchos otros aspectos que cambiar, este tema es una “asignatura pendiente para la cualificación de nuestra democracia”.
“¿Cómo es posible que, por amparos constitucionales y con chicanas jurídicas, hasta el último momento no sepamos qué candidato está o no habilitado y qué fuerza política ha perdido su sigla?”, cuestionó el analista y consultor político, recordando la polémica inhabilitación de dos candidatos al gobierno municipal de la ciudad de El Alto, apenas horas antes de la votación del pasado domingo 22 de marzo de 2026.
EL PROBLEMA DE LA (DES)INFORMACIÓN
En palabras de Mercado: “Dentro del menú de cosas que deben cambiar, hay que ver el tema de la información. La gente fue a votar sin saber qué era lo que se estaba eligiendo, cuáles eran los candidatos y cuáles las propuestas”. El analista reflexionó sobre el deficiente acceso a información antes del sufragio al afirmar que la población acudió a las urnas “a ciegas”, donde era “prácticamente un logro conocer tres rostros” en una misma papeleta.
“La nueva norma tiene que ser responsable con la información que se da a la población. Hay que regular o considerar las redes sociales porque es un espacio donde sucede de todo y donde puede haber todo tipo de excesos, desde desinformación hasta la posibilidad de salirse de tiempos electorales, hacer campañas fuera de tiempo y usar herramientas para dañar y destruir”, agregó.
El analista finalizó aclarando que esta propuesta no busca seguir una lógica de autoritarismo e hiperregulación, sino de generar un marco de contención ante los excesos y la proliferación de desinformación que se vivieron no solo en el último, sino en cada uno de los recientes procesos electorales celebrados en el país.