Las instituciones participantes del “Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial” determinaron que el Estado debe incrementar a corto plazo el presupuesto de la justicia que alcance a un 5% del Tesoro General de la Nación (TGN) para consolidar la independencia y hacer que el Órgano Judicial se desligue del poder político. Asimismo, se acordó la cesación de los magistrados autoprorrogados que desde hace 23 meses siguen ejerciendo funciones tras concluir su mandato constitucional en diciembre de 2023.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, dio lectura a las conclusiones de las cuatro mesas de trabajo, las cuales trazaron la ruta a seguir para llegar a la esperada reforma judicial en Bolivia: “Se ha justificado la necesidad de asignar un presupuesto mínimo sobre la base del 5% del Tesoro General de la Nación, que permita garantizar la independencia judicial”, señaló respecto al primer punto.
“No podemos seguir yendo todos los años a extender la mano al Ministerio de Economía y decirles ‘dennos plata’ para que funcionemos como Órgano Judicial, llegando al mes de octubre diciendo que nos faltó plata para pagar sueldos o comprar tóner”, señaló Saucedo en Sucre, afirmando que no se puede continuar trabajando de esa manera.
En el encuentro, las otras autoridades del Órgano Judicial –presidentes del Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental– también coincidieron en separar la justicia de la política, ratificando que un presupuesto limitado no es compatible con una justicia independiente.
El presidente, Rodrigo Paz, expresó su apoyo en promover una reforma judicial y anunció que coadyuvará en los cambios que sean necesarios, entre ellos un nuevo sistema digital de expedientes para evitar su extravío en juzgados. Asimismo, felicitó a Saucedo por su labor al frente del TSJ, señalándolo como uno de los principales artífices de la construcción de un nuevo futuro en la justicia boliviana.
Al evento asistieron también el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo; el presidente del Senado, Diego Ávila; los vocales del TSE, Gustavo Ávila, Yajaira San Martín, los cuatro magistrados electos del TCP, Boris Arias, Edson Dávalos, Amalia Laura y Paola Prudencio, entre otras autoridades invitadas. Sin embargo, no estuvieron presentes el vicepresidente, Edmand Lara, ni el ministro de Justicia, Freddy Vidovic.