Tras la posición asumida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pidiendo la renuncia de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el asambleísta nacional por Chuquisaca, Marcelo Pedrazas López, recordó que intereses políticos obstruyeron en el Parlamento la aprobación de una normativa para cesar el mandato ilegal de estas autoridades; sin embargo, en otra coyuntura y momento político, esto es diferente.
En conferencia de prensa, Pedrazas recordó que una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa siempre fue crítica con la “autoprórroga judicial” por tratarse de una medida de carácter político avalada por el Ejecutivo, pero todas las medidas e iniciativas planteadas para cesar las funciones de aquellos jueces cuyo mandato finalizó en diciembre de 2023, fueron bloqueadas por el poder político.
“Ahora la diferencia es que no se trata de una Asamblea Legislativa política la que cuestiona a los magistrados ‘autoprorrogados’, resulta que es el propio Órgano Judicial el que está en contra de quienes han tomado estas decisiones inconstitucionales”, sostuvo.
Además, puntualizando que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia es la cabeza del Órgano Judicial, Pedrazas afirmó que la posición de la autoridad no debe quedar simplemente en una declaración, sino dar paso a acciones efectivas mediante decisiones jurídicas enfocadas en hacer prevalecer la legalidad y la norma.
“Hay una máxima en la ley, cuando hay delitos en flagrancia, cualquier ciudadano puede aprehender a quienes están cometiendo esos delitos. Compartimos la posición del presidente del TSJ, pero que sean efectivas sus palabras y que no queden simplemente en portadas de periódicos”, expresó.
El lunes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, descalificó a los magistrados autoprorrogados que todavía se encuentran en ejercicio de funciones y apoyó el proyecto de ley que busca el cese de sus cargos.
“La Asamblea Legislativa ya aprobó en Senadores una ley para cesar el mandato de ellos y actualmente falta la consideración en Diputados. Hay dos caminos, renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes”, escribió Saucedo en sus redes sociales.
La semana pasada, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley de adecuación constitucional del funcionamiento transitorio y excepcional del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, que dispone dejar sin efecto los cargos de los magistrados que continúan ejerciendo labores en Sucre, a pesar de haber concluido su mandato en enero de 2024.
En criterio de Saucedo, el TCP, a través de esos magistrados ilegítimos, es una de las instituciones que más daño le ha causado al país y la institucionalidad de la democracia.
El proyecto presentado por la senadora chuquisaqueña Silvia Salame alcanza también a los altos funcionarios del TSJ que no fueron electos en las elecciones judiciales del 15 de diciembre del año pasado.
La norma, que ahora pasó a la Cámara Baja, establece en su artículo 3: “se garantiza el funcionamiento de Sala Plena y Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, únicamente con los magistrados y magistradas elegidos democráticamente en las elecciones judiciales 2024”.
Ayer, Saucedo formalizó una denuncia ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca en contra de cinco magistrados del TCP, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones.
Según el documento, es de suma importancia respetar en todo momento la supremacía constitucional, garantizando sus prerrogativas y su estricto cumplimiento, utilizando una interpretación literal de la Constitución Política del Estado.
Los magistrados “autoprorrogados” en el TCP son: Gonzalo Hurtado, René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo. A ellos se suman los jueces Carlos Egüez y Ricardo Torres del TSJ.
Ante este nuevo panorama, el diputado Pedrazas precisó que el avance en la aprobación de una norma que ponga punto final a la prórroga judicial cuenta con mejores posibilidades de concretarse, tomando en cuenta que el poder político que respaldaba esta ilegalidad, tras las elecciones generales, perdió toda posibilidad de seguir protegiendo a los “autoprorrogados”.
“La supervivencia de estos magistrados estaba en función a la defensa de quienes los iban a respaldar políticamente, ahora que quienes los respaldaban están fuera de todo escenario político, se debe esperar a ver cuál es la decisión que se tome en los próximos días”, finalizó.