El gobernador de Tarija, Óscar Montes, rechazó la denuncia presentada por Diego Ávila en su contra y aseguró que no existe ninguna prueba que lo vincule a delitos electorales, señalando que este tipo de acciones buscan amedrentarlo políticamente y recordó que en el pasado la justicia fue utilizada como un instrumento de persecución, lo que, a su criterio, no debería repetirse: “Estamos confiados de que la justicia nunca más va a ser utilizada de la manera abusiva como ha sido utilizada en el pasado reciente”, expresó.
Montes también se refirió al candidato Rodrigo Paz, a quien criticó con dureza, alegando que sus propuestas no están a la altura de la crisis económica que atraviesa Bolivia y que su participación en las elecciones constituye una falta de seriedad hacia el país, refiriendo que planteamientos como el de ofrecer chicles como futuro para los bolivianos son una “burla extrema” y que revelan la incapacidad de quienes buscan llegar al poder.
En cuanto a la situación financiera de la Gobernación, la autoridad explicó que los ingresos actuales son insuficientes para sostener todas las obligaciones departamentales y recordó que hace algunos años Tarija recibía 160 millones de bolivianos al mes, mientras que hoy apenas llegan 20 millones, lo que hace imposible cumplir con cerca de 90 leyes que fueron aprobadas en tiempos de bonanza. Asimismo, advirtió que, pese a los ajustes internos, el dinero solo alcanza para sueldos y algunos programas sociales, mientras se acumula deuda con distintos sectores.
Montes detalló que este mes deberán pagar más de 6 millones de bolivianos por el fideicomiso de la gestión de Adrián Oliva, lo que reducirá aún más la disponibilidad de recursos, y como consecuencia, trabajadores de primer, segundo y tercer nivel quedarán con sueldos retrasados, y programas como el Prosol y las transferencias a municipios recibirán menos de lo que corresponde, y frente a esta situación, responsabilizó a la Asamblea Legislativa Departamental por no revisar leyes que ya no pueden cumplirse por falta de respaldo económico.
El gobernador insistió en que la crisis no se debe a una mala administración, sino a normas que se mantienen vigentes sin financiamiento real: “Ya estoy deslindando responsabilidad porque no puedo hacer nada, porque no está en mi competencia modificar la ley”, subrayó, señalando que ha informado del problema a la Contraloría y a los ministerios de Economía y Planificación.
Finalmente, Montes comentó la visita de cinco embajadores que sesionaron en Tarija en el marco de un grupo de apoyo a proyectos medioambientales y explicó que se aprovechó la ocasión para presentar el plan departamental contra el cambio climático y su reglamentación, además de impulsar proyectos en el río Pilcomayo y la Reserva de Sama. A su juicio, estas alianzas son fundamentales para generar nuevas oportunidades en medio de la compleja situación financiera que enfrenta la región.