Ratificando que Bolivia se ha convertido en un “santuario” para el narcotráfico y las actividades ilegales, el analista, José Luis Bedregal, criticó la política antidrogas del Movimiento al Socialismo (MAS) de los últimos 20 años y afirmó que, a título de soberanía nacional y antiimperialismo, terminó por entregar el territorio y la seguridad nacional a grupos transnacionales del crimen organizado.
“El territorio boliviano ha sido entregado a las mafias transnacionales del narcotráfico –esto hay que decirlo con todas sus palabras y hay que denunciarlo– porque lo que se ha producido es una entrega de la soberanía, una entrega del territorio y, por lo tanto, una entrega de la seguridad y de la paz social del pueblo boliviano: esa ha sido la definición política del MAS”, afirmó el analista en Radio Panamericana.
En criterio de Bedregal, lo que Bolivia vivió los últimos 20 años, en materia de lucha antidrogas, fue una política de Estado absolutamente permisiva con el narcotráfico, donde incluso altas autoridades de la Policía y el propio Gobierno fueron descubiertos vinculados con un “poderoso negocio transnacional que maneja miles de millones de dólares”.
El analista criticó que el socialismo boliviano –desde el primer periodo de gobierno de Evo Morales– eligió deliberadamente debilitar a las instituciones creadas para luchar contra el narcotráfico con la “excusa” de recuperar la soberanía nacional y eliminar toda injerencia extranjera, una decisión meramente política que actualmente flagela a la sociedad boliviana.
“Es la sociedad en su conjunto la que hoy es víctima de esta ‘política pública’ de permisividad y complicidad que ha tenido el gobierno del Movimiento al Socialismo en sus distintas etapas y que tiene hoy con el Estado. Puede sonar muy duro lo que digo, pero ahí están las pruebas: exviceministros, excomandantes de la Felcn (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) y el propio expresidente Evo Morales en fotografías con altos capos y gente vinculada al narcotráfico”, agregó.
SANTUARIO DEL NARCOTRÁFICO
Entre estas acciones, mencionó también la expulsión de la DEA (Administración para el Control de Drogas) norteamericana y la desarticulación de Bolivia del trabajo internacional entre países en la región para la lucha contra las drogas. Esto, según el analista, terminó por debilitar al Estado frente a las organizaciones criminales que actualmente ven en Bolivia un “santuario” para sus actividades.
El investigador y analista, Manuel Morales Álvarez, ya sugirió que Bolivia era un paraíso para el crimen organizado a inicios de septiembre, tras revelarse que un capo del Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal brasileña, vivió al menos una década en Bolivia con una identidad falsa, sin levantar la más mínima sospecha hasta ahora.
En las últimas semanas, el país registró también una serie de ejecuciones armadas, secuestros y asesinatos a varias personas presuntamente vinculadas a grupos criminales y narcotraficantes de talla internacional. La mayoría de crímenes ocurrió en Santa Cruz, llevando a autoridades de Gobierno a afirmar que se trata de ajustes de cuentas y pugnas entre clanes del narcotráfico.
UNA POLÍTICA PERMISIVA
A esto, Bedregal sumó otras falencias en la política estatal de seguridad y defensa que demuestran que el gobierno del MAS se encargó de dejar mucho más desprotegido el territorio boliviano: un descuido total de las fronteras, un control inexistente del espacio aéreo y un debilitamiento formativo, técnico y tecnológico de la Felcn.
Sobre esta agencia antidrogas de la Policía, advirtió que actualmente la institución está desmantelada y absolutamente penetrada por el narcotráfico; prueba de ello, es que altas exautoridades de “altísima confianza” como un exzar antidrogas fue encontrado produciendo cocaína –en referencia al exviceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, detenido y liberado la semana pasada– o un exdirector de la Felcn extraditado a Estados Unidos con graves cargos por narcotráfico, como es el caso de Maximiliano Dávila, quien también ejerció funciones en el gobierno de Evo Morales.
“Seguro hubo penetración y corrupción en años anteriores, pero no en esta dimensión. Había una especie de control cruzado, pero ahora encontramos policías vinculados en protección de narcotraficantes, ‘volteos’ de droga, asesinatos y otros negocios (ilícitos). Bolivia es víctima de esto, porque (el crimen organizado) conlleva delitos de sicariato, ajusticiamientos en centros urbanos, trata y tráfico, contrabando, minería ilegal y secuestros”, añadió.
Para el analista, la participación de distintas instituciones en estas actividades “es otra característica de una política de Estado que ha permitido que Bolivia se convierta en un santuario para los narcotraficantes”. En tal sentido, lamentó que Bolivia haya quedado a merced de negocios ilegales internacionales que ya doblegaron a países enteros y cuyas consecuencias, según expresó, Bolivia apenas empieza a sufrir.